La innovación, como factor estratégico para las empresas que les permite mejorar su posición competitiva, constituye uno de los valores más influyentes para el desarrollo económico de un país, y por ello desde los distintos Estados se trata de apoyar y fomentar esta cultura de innovación dentro de la propia organización empresarial a través de distintas medidas.

Como apoyo indirecto, y desde un punto de vista tributario, el instrumento más utilizado es el establecimiento del incentivo fiscal mediante deducciones sobre la cuota íntegra del impuesto que grava la renta de las empresas, a través de un porcentaje sobre los gastos de I+D+i necesarios para acometer los proyectos de innovación tecnológica y que ya se han considerado previamente a la hora del cálculo del resultado empresarial.

Partiendo de este hecho, la regulación particular de cada Estado dictamina lo que considera I+D+i al efecto de que las empresas puedan obtener ese beneficio fiscal.

Así, en España, en la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades (art.33) se definen los conceptos de I+D+i en consonancia con lo dispuesto en los Manuales de Frascati y de Oslo, pero a su vez se establecen unas limitaciones o restricciones del ámbito del concepto, acerca de las actividades que no son consideradas I+D+i de cara a obtener la deducción fiscal.